PROPUESTA DE AGENDA INTEGRAL POR UN CONSUMIDOR Y UN ENTORNO SALUDABLE

En CCC estamos convencidos que el grave problema de obesidad y sobrepeso que enfrenta la sociedad mexicana es el más grande reto del presente y por tanto una gran oportunidad. Por tanto, proponemos centrar el debate en la construcción de una agenda integral, que permita avances estructurales a partir de tres ejes estratégicos:

1) Transformar estilos de vida y hábitos de consumo;
2) Impulsar mayor competitividad e innovación en los mercados de alimentos y bebidas, y
3) Promover un cambio de fondo al sistema de salud pública.

PROPUESTA DE AGENDA INTEGRAL POR UN CONSUMIDOR Y UN ENTORNO SALUDABLE

1. Principios. Toda política pública debe partir del pleno reconocimiento de la dignidad de las personas. Por tanto, los contenidos deben evitar incurrir en mensajes que puedan considerarse discriminatorios y estigmaticen o denigren estilos de vida, apariencia física, nivel socioeconómico, nivel de educación, capacidad laboral o hábitos de las personas que se encuentran en situación de sobrepeso u obesidad. Si bien se ha mencionado que el sobrepeso y obesidad pueden tener efectos negativos sobre la productividad, desempeño escolar y desarrollo económico, el enfoque no debe ser consecuencialista, sino tener como origen y destino a la persona -al ciudadano y al consumidor-, su dignidad y el ejercicio de su libertad y responsabilidad individual.

2. Equilibrio entre Estado, mercado y libertades. Las políticas públicas deben tener como meta que el Estado garantice derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, como son el de alimentación, acceso al agua, cultura física y protección a la salud, en el marco de principios económicos que la misma Carta Magna define, como son: competencia económica y libre concurrencia, la protección de los consumidores y sus intereses, y el impulso de la competitividad. Esto implica que el Estado debe fomentar condiciones económicas tales, que éstas amplíen la gama de opciones alimenticias sobre las que los consumidores puedan elegir. Lo anterior se reduciría en un mercado de alimentos más competitivo y eficiente.

3.Diagnósticos científicos y técnicos. La autoridad debe presentar estudios incontrovertibles en la materia, que evidencien las principales causas, orígenes y consecuencias del sobrepeso y la obesidad, así como de la evolución de esta problemática en las últimas décadas y su impacto en los diferentes sectores de la sociedad. Existen amplias coincidencias en que esta problemática tiene un origen multifactorial, por lo que resulta indispensable cuantificar la cadena de causalidad entre alimentación, bebidas, activación física, estilo de vida, sobre el sobrepeso y obesidad, entre estos y las enfermedades crónicas descritas y sus costos al sistema de salud.

4. Determinación adecuada de la población objetivo. A partir de la elaboración de diagnósticos técnicos y científicos, deben definirse los grupos prioritarios de atención, a quienes se les aplicarán políticas generales o específicas, ya sea por tratarse de zonas en marginación (y donde no se ejerce la libertad de elección de los consumidores) o por tratarse del sector de la niñez, en donde el Estado tiene una responsabilidad de garantizar sus derechos humanos.

5. Estilos de vida, políticas urbanas y de movilidad. El estudio anexo identifica cómo la tecnología ha revolucionado la forma de producir, distribuir, comercializar y consumir bebidas y alimentos. Lo mismo ha cambiado drásticamente los hábitos laborales, de movilidad y de ocio de las familias mexicanas. Por lo tanto, una política pública integral no sólo debe reconocer este reciente contexto, sino que además debe enfocar sus esfuerzos a promover estilos de vida más equilibrados, promover mejores hábitos y actividad física. Asimismo, se debe de acompañar de políticas locales de planeación urbana, transporte y espacios públicos, y movilidad que incentiven un estilo de vida más dinámico.

6. Avanzar en el derecho a la información. Los consumidores deben tener información clara y precisa sobre el valor nutrimental que tienen los diferentes alimentos y bebidas que adquieren, así como de los elementos que les permitiría tener un equilibrio entre alimentación, estilo de vida y actividad física. Por tanto, se deben impulsar políticas de etiquetado acordes a las mejores prácticas internacionales. El reto de brindar la mayor información a los consumidores también debe ampliarse a la variedad de los principales alimentos y bebidas que se adquieren ya sea en el comercio formal o informal. En esta función, se propone fortalecer a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el objeto de que impulse campañas informativas en la materia.

7. Identificar riesgos de la publicidad. A partir del diagnóstico técnico, que revele la evolución de la publicidad de alimentos y bebidas y su impacto en diferentes auditorios, se deben identificar los instrumentos y modalidades de publicidad que impliquen riesgos a niños o grupos vulnerables, en los que se requiera elaborar regulaciones específicas, con objetivos concretos y metas evaluables.

8. El comercio informal como factor de riesgo sanitario y desequilibrio alimentario. De manera natural los gobiernos tienen mayor facilidad de identificar y regular los ambientes, información, publicidad y productos obesogénicos en el sector formal. Sin embargo, millones de consumidores adquieren alimentos y bebidas en el comercio informal, en donde existen ambientes obesogénicos que deben ser también atendidos por la propia autoridad, ya que se desconoce su impacto final en hábitos de consumo, estilos de vida, competitividad de mercados alimentarios, y, por lo tanto, en el sobrepeso y obesidad. De esta manera, uno de los principales retos en estas políticas será el de reconocer el papel del consumo de alimentos y bebidas en el comercio informal. Asimismo, resulta indispensable identificar los principales riesgos sanitarios que implica para los consumidores adquirir sus productos en este sector.

9. Políticas fiscales. Respecto del diseño y aplicación de impuestos especiales a bebidas azucaradas y productos con alta densidad energética vigentes en otros países, no existe evidencia de que los mismos reduzcan la obesidad o el sobrepeso, como lo muestra el estudio anexo. En cambio, estas medidas tienen un objetivo recaudatorio, lo que debe ser comunicado claramente a los consumidores para no confundirlos. Además, exige transparentar el destino de los recursos obtenidos y el beneficio social que causan.

10. Cambio estructural en el sistema de salud. El presente debate exige una revisión de fondo sobre la viabilidad, financiamiento y sustentabilidad de nuestro sistema de salud pública, para definir medidas estructurales y no parches. Lo anterior cobra relevancia, a la luz de lo que señala la OCDE en su estudio sobre la obesidad: “Las intervenciones (de los gobiernos en materia de combate a la obesidad) dan a la gente años extras de vida saludable, reduciendo los costos de atención médica. También significan, sin embargo, que la gente viva más tiempo con años de vida añadidos en los grupos de edad más avanzada, incrementando la necesidad de atención médica. El resultado es que las políticas de prevención efectiva de la obesidad no reducen en gran medida los gastos totales en salud y podrían, cuando mucho, generar reducciones en el orden de 1% del gasto total para las principales enfermedades crónicas”. Por tanto, el diseño de la política integral por un consumidor y entorno saludable es la oportunidad idónea para articular las políticas alimentarias, de salud pública y de promoción de estilos de vida.

11. Emprendedurismo social y enfoques de vanguardia. Ante lo grave de este problema, deben fomentarse iniciativas emprendedoras vinculadas al sector de la nutrición, que permitan encontrar soluciones innovadoras y que potencien los avances tecnológicos que permitirán revolucionar la atención a las comunidades y a las personas. En particular, resulta indispensable promover el desarrollo de la visión de la nutrigenómica, tanto en la cadena alimentaria, como en la nutrición humana y de la salud. Asimismo, impulsar la producción de alimentos agroecológicos, lo que permitirá ofrecer mejor acceso a alimentos nutritivos. El emprendedurismo social también deberá contribuir a construir entornos más sanos basados en una sólida cultura de la prevención, que ayuden a atenuar la presión y stress propios de nuestra época y a generar centros de gravedad en torno a las clínicas –públicas y privadas- que coadyuvará a fortalecer la cohesión social. Adicionalmente será una oportunidad para promover proyectos emprendedores y productivos que fortalezcan las cadenas de abastecimiento, distribución y comercialización de alimentos y bebidas de mayor valor nutrimental.

12. Educación sobre estilos de vida saludables. El sistema escolar deberá incorporar en diferentes niveles de educación, programas curriculares que permitan a los estudiantes contar con mayor instrucción respecto de los alimentos y bebidas de mejor valor nutrimental, el valor de la actividad física y ejercicio, los riesgos del sedentarismo, y una cultura de la prevención. Por otro lado, deberán fortalecerse las carreras de nutrición que contengo una visión integral, en todo el país, para que se cuente con profesionistas de alto nivel, que puedan contribuir a la atención del sobrepeso y la obesidad.

13.Fortalecimiento y expansión de la activación física y deporte. En los centros escolares deben instrumentarse efectivos programas de activación física de acuerdo a la duración y metodologías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, la Secretaria del Trabajo será la instancia adecuada para promover la activación física en los centros laborales, ya sean públicos, privados o sociales.

14. Coordinación internacional. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que ha incidido en cambiar nuestros estilos de vida fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el próximo 1º de enero cumplirá 20 años de haber entrado en vigor. En este contexto, es que nuestro país debe instrumentar mecanismos de coordinación y cooperación con nuestros dos principales socios comerciales, para avanzar en políticas y soluciones regionales, que sean de largo plazo y alcance.

15.Programas gubernamentales y competencia desde lo local. Para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de alimentación y acceso al agua, debe replantear el esquema de programas agropecuarios, para que efectivamente se apoye a los productos de mayor valor nutrimental, así como a la accesibilidad de agua potable. Asimismo, deben impulsarse medidas de mayor competencia económica desde lo local que tengan como consecuencia mercados alimentarios más competitivos, con mejores esquemas de abastecimiento, distribución y comercialización y que se refleje en mejores precios a los consumidores. En este sentido, vale la pena recordar un estudio que realizó la Comisión Federal de Competencia Económica en 2011, en el que reconoce que en los mercados de productos básicos es donde existen mayores problemas de competencia, y es donde los consumidores elevan sus gastos hasta en un 40%. Los programas gubernamentales integrales permitirán enfrentar al mismo tiempo la pobreza y regímenes alimenticios inadecuados, para superar la paradoja hambre-obesidad. Se requiere una nueva política agrícola que fortalezca los sistemas locales de alimentos.

16.Convocatoria Nacional. En los últimos meses, el Pacto por México ha resultado un esquema de concertación para procesar los principales temas de la agenda nacional. Sin embargo, este mecanismo ha sido cupular y ha adolecido de instancias de inclusión social. Los fenómenos de la obesidad y sobrepeso no pueden ser enfrentados exclusivamente por las instancias gubernamentales, sino que amerita una amplia convocatoria, en la que participen instituciones públicas –de todos los órdenes de gobierno-, empresariales y sociales. Al respecto, se deberán definir claramente los espacios, responsabilidades y metas gubernamentales, así como de los espacios propicios para la autorregulación y la participación ciudadana. Asimismo, cabe señalar que en los últimos meses se ha perdido el centro del debate, por lo que urge que el gobierno asuma su liderazgo para equilibrar las posiciones encontradas en esta discusión y evitar que la presente polarización perjudique y confunda a los consumidores. Los tres ejes de la agenda integral propuesta –estilos de vida, mayor competitividad en los mercados alimentarios, transformación del sistema de salud pública- son la gran oportunidad para que el mercado sea una comunidad en la que converjan consumidores, empresas y gobierno, no un espacio de conflicto.

17. Transparencia, seguimiento y rendición de cuentas. Todas las medidas acordadas deberán ser absolutamente transparentes, y la información técnica y científica debe hacerse de conocimiento de la sociedad. Los acuerdos deberán tener metas y responsables específicos y se requerirá un mecanismo de monitoreo y seguimiento puntual por parte de los mismos, que permitan evaluar de manera objetiva las políticas públicas e identificar los avances y rezagos que corresponda. Asimismo, que en el marco de división de poderes, el legislativo ejerza sus facultades de revisión sobre lo que informe el ejecutivo y asegurar un esquema de rendición de cuentas horizontal.

One comment
  1. Raul Riquelme 6 agosto, 2014 at 12:08 am

    No puedo estar mas de acuerdo con lo que CCC plantea y me gustaría que sumaramos esfuerzos de manera institucional a través de algun esquema que permita que junto con CANACINTRA, CONMEXICO y CONCAMIN que hasta ahora somos los que al parecer hemos estado participando en el tema, la Secretaría de Salud y Cofepris, escuchen otras voces que le hagan ver que la Estrategia no implica PROHIBIR o ELIMINAR la venta de cual o tal producto, sino todo lo contrario.
    Estoy a sus órdenes, señalando que esto lo expreso en mi caracter de Presidente de la Comisión de Salud de CONCAMIN.

Leave a Comment

Current day month ye@r *